FALLO INADMISIBLE

Rechazamos el fallo que declara constitucional la ley 10.333

 

El Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba rechaza el fallo emitido por el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia que convalida la confiscación a los jubilados y pensionados a través de la ley 10.333. En su resolución desestima la acción declarativa de inconstitucionalidad de los artículos 2°, 3° y 4° de la ley, planteada por un grupo de jubilados por la reducción del 11% de los haberes previsionales, hecho que vulnera el principio de irreductibilidad y el derecho de propiedad amparados por la Constitución Provincial.

 

Se vulneran derechos, el Tribunal Superior dice que no

En su fallo entiende que no se ha vulnerado el “núcleo duro” del derecho previsional. Ese es el primer fundamento que alega para determinar la improcedencia del reclamo de los compañeros jubilados. ¿Cuál es el otro argumento? El TSJ señala que la declaración de inconstitucionalidad de una norma legal constituye la más delicada de las funciones encomendadas a un tribunal de justicia. “Es un acto de suma gravedad institucional y debe ser considerada como último recurso”. Claro, debe considerarse como último recurso porque existe una conveniencia política de no reconocer que se infringen derechos constitucionales. Sería grave para la democracia. Más adelante en la resolución, valora “el esfuerzo de la Provincia por preservar la Caja de Jubilaciones dentro del patrimonio de los cordobeses, no transfiriéndola ni enajenándola. La ley 10.333 tiene ese objetivo”, concluye. Si bien coincidimos con mantener en la órbita provincial la Caja, podemos inferir por lo último expuesto por el tribunal que el Estado tiene que sostener el sistema previsional aunque tengan que atropellar derechos previsionales. Eso es lo que podemos interpretar, por eso no nos sorprende la decisión judicial.

 

Conveniencias políticas

El 13 de mayo de 2016 Luz y Fuerza de Córdoba junto a otros gremios estatales con el acompañamiento del Dr. Horacio Gentile, nos movilizamos hasta el Palacio de Justicia para presentar una acción autónoma de inconstitucionalidad de la ley 10.333 (ver Eléctrum 1379). En esa oportunidad mantuvimos una reunión con el presidente del TSJ Dr. Sesín, quien se había comprometido a analizar el planteo “con la máxima responsabilidad, imparcialidad e independencia”. Hay sobradas muestras de que a la hora de acompañar los ajustes, los derechos de los trabajadores siguen siendo la variable.

Cuántas veces en materia previsional se ha violentado la Constitución con decretos o leyes de menor jerarquía, recurriendo a interpretaciones que contradicen en parte o totalmente lo que establece la Carta Magna. Esto ocurrió con el 82 % móvil del salario bruto del último cargo (ley 8.024). Ese 82% desapareció a partir de la supuesta emergencia previsional declarada por el gobierno de Schiaretti, que dio lugar a la reforma del año 2008 (ley jubilatoria 9.504 vigente). Lo mismo sucedió también con la ley de pago diferido de aumentos de De la Sota, la 10.078, que vulneró la movilidad, pero este planteo fue rechazado en su momento por el Tribunal Superior.

Según los magistrados, la ley 10.333 es constitucional porque no perfora el “núcleo duro” que es el 82 % del salario “líquido o neto” del activo (82% del 89%). Una solución al fondo de la cuestión en favor del gobierno. Pero además, a su criterio, consideran que esta ley fija una proporción adecuada entre la jubilación y el salario del activo. “La Constitución de Córdoba no asegura a los jubilados un haber mayor, ni igual al del personal en actividad, sino que, por el contrario, una proporción o parte de aquel”, por lo cual afirman que es apropiado el actual cálculo de los haberes y que no configura una reducción del beneficio previsional.

Mienten a la opinión pública para convencer de que el cálculo de la ley 10.333 es el correcto, que las jubilaciones deben calcularse luego de deducirse el aporte personal del 11% que es el que se aplica tal como estipula el Convenio de Armonización, siguiendo la normativa del sistema previsional nacional SIPA.

Ellos no admiten el incumplimiento de derechos asegurados constitucionalmente, nosotros no vamos a aceptar ningún recorte sobre las jubilaciones.

Como dicta la historia de Luz y Fuerza de Córdoba, seguiremos resistiendo los embates contra la clase trabajadora, yendo al frente en todos los frentes para resguardar los derechos previsionales y lograr la derogación de la ley 10.333.

 

 

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