ACTO HOMENAJE A LOS 30.000 DESAPARECIDOS

Con Presxs Políticxs no hay Democracia

Viernes 23 de agosto, a las 19:30 hs en nuestra sede sindical

Como cada año, la Comisión de Homenaje a los Desaparecidos y Mártires Populares invita al ACTO HOMENAJE A LOS 30.000 DESAPARECIDOS, reivindicando al conjunto de la Generación del `70, este viernes 23 de agosto, a las 19:30 hs., en la Sala “Lorenzo Racero” del tercer piso del Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba.

El 15 de agosto de 1978 la dictadura militar secuestraba a Roberto Cristina, secretario general de Vanguardia Comunista (hoy Partido de la Liberación) y a otros dirigentes, que fueron desaparecidos en el centro clandestino de detención de El Vesubio.

En su homenaje se realiza este acto y por ser agosto, también por los mártires de Trelew y por el obispo Enrique Angelelli.

Conectando este ejercicio de memoria con las luchas actuales, este año la convocatoria es “Con presos y presas políticas no hay Democracia” y por el cese de la persecución a los y las que luchan.

Hablarán en el acto: Dante Maldonado, secretario de prensa del Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba, en lucha por la defensa de su convenio colectivo y de la EPEC estatal e integrada; Silvia Cruz, referente de VUDAS y de la lucha por Fuera Porta, empresa que contamina diariamente a la población de la zona sur; Eugenia Guevara, del Comité por la Libertad de Milagro Sala y los presos y presas políticas; Judith Gerbaldo, periodista integrante de la Coalición por una Comunicación Democrática y Sergio Ortiz, presidente de la Comisión de Homenaje y Secretario General del Partido de la Liberación (PL).

Al final, habrá un cierre artístico con Nanzi Tortone (canto) y Cocho Pedraza (guitarra), que interpretarán temas de Armando Tejada Gómez y Atahualpa Yupanqui.

 

Agosto y la masacre de Fátima

En términos de masacres organizadas por el Estado, agosto es un mes que, cuando se lo revisa, estruja el corazón y la capacidad de asombro. Agosto inauguró su río de sangre aquel 22 de 1972, cuando en base Almirante Zar de Trelew, eran fusilados los presos políticos que no lograron su cometido en la fuga masiva de la cárcel de Rawson unos días antes. Pero el mismo año de iniciada la dictadura siguiente, el 20 de agosto de 1976, las fuerzas de seguridad en el poder llevaron a cabo la masacre más grande de la que se tenga memoria, la que se conoce como la masacre de Fátima. En ese lugar 30 cuerpos fueron hallados en un radio de 20 metros a la altura del kilómetro 62 de la ruta 8. Las víctimas estaban mutiladas producto de los explosivos y presentaban heridas de bala en el cráneo realizadas aproximadamente a un metro de distancia con armas 9 mm; estaban atados y vendados. Eran 20 hombres y 10 mujeres. Todos fueron enterrados como NN en el cementerio de Derqui.

Con el paso de los años, las diferentes investigaciones realizadas desde el retorno de la democracia y el avance de los Juicios de la Verdad llevados adelante desde 1997, lograron determinar que las víctimas habían permanecido secuestradas en la Superintendencia de Seguridad Federal ubicada en la calle Moreno 1417 antes de ser trasladadas a los descampados de Fátima. A su vez, el trabajo de los antropólogos forenses permitió determinar la identidad de 2/3 de los cuerpos hallados: los estudiantes universitarios Juan Carlos Vera, Ernesto María Saravia y Horacio García Gastelú (quien además se encontraba de licencia en el Servicio Militar); los docentes universitarios José Daniel Bronzel y Susana Pedrini de Bronzel junto con la madre de José, Cecilia Podolsky de Bronzel. Norma Susana Frontini (20 años) fue secuestrada junto con su marido mientras que a Selma Susana Ocampo, militante sindical y despedida de la fábrica Ford de General Pacheco, se la llevaron junto con su amiga Inés Nocetti, empleada en un estudio jurídico. La militante de la resistencia peronista Haydee Cirullo de Carnaghi fue secuestrada con su joven hija Carmen María Carnaghi de 25 años. Jorge Daniel Argente, camillero del CEMIC, fue otra de las víctimas de la Masacre de Fátima al igual que Carlos Raul Pargas, trabajador del Banco Nación y que el analista en sistemas, Enrique Jorge Aggio. El resto de las víctimas identificadas eran obreros: Ramón Lorenzo Vélez, Ángel Osvaldo Leiva y Oscar Conrado Alsogaray de la fábrica Bendix (autopartista ubicada en Vicente López); Alberto Evaristo Comas y Roberto Héctor Olivestre de la metalúrgica Royo de la zona de Pompeya; Ricardo José Herrera empleado de Colorín SA y María Rosa Lincon de 19 años, operaria de una fábrica de caramelos. La mayoría eran militantes o simpatizantes de la JTP. Todos ellos fueron secuestrados en su domicilio entre el 12 de julio y el 11 de agosto de 1976 en altas horas de la madrugada por grupos de civiles armados, que decían pertenecer al Ejército para desorientar la verdadera ubicación de los detenidos. Saquearon y se robaron lo que encontraron a su paso mientras que la zona del operativo estaba totalmente liberada por la policía.

Aunque el ministro Albano Harguindeguy, a cuyo cargo estaba la Policía Federal, responsable de los crímenes, también expresó una “firme decisión de esclarecer los hechos”, la causa judicial por la aparición de 30 cadáveres dinamitados, llamado Masacre de Fátima, debió esperar hasta 2008, por las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.

Sin embargo, el cable de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) IN019953 dio una versión exacta: “Responsabilidad de la Policía Federal por asesinar a las treinta personas cuyos cuerpos aparecieron el 20 de agosto de 1976″. el texto pertenece al último paquete de documentos desclasificados en los Estados Unidos sobre los años 1976-1983 y es un telegrama de inteligencia. Allí se subrayó que el titular del ejecutivo de facto, Jorge Rafael Videla, se había enojado por el daño que el episodio hacía a la imagen del país: “La objeción de Videla no se refiere a que las 30 personas, que supuestamente estaban involucradas con los montoneros, fueran asesinadas, sino a laaparición pública de los cuerpos”.

Si bien hubo juicio y castigo a los principales responsables de esta masacre, En 2008, el Tribunal Oral Federal 5 (TOC 5) condenó a prisión perpetua por el caso a los policías retirados Juan Carlos Lapuyole (a quien se describió como hombre de confianza de Harguindeguy) y Carlos Gallone, mientras que absolvió a Miguel Angel Timarchi. No se juzgó a Luis Alberto Martínez, prófugo, ni a Carlos Vicente Marcote, fallecido. Dos años después, en octubre de 2010, la Sala IV de la Cámara de Casación Penal (integrada por Mariano González Palazzo, Gustavo Hornos y Augusto Diez Ojeda) rechazó distintos recursos de apelación y confirmó la condena de los acusados.

Se sabe que la gran mayoría de los represores que actuaron bajo la órbita militar, muchos de ellos también integrantes de los grupos de tareas entre los años 1973 y 1976, están en libertad o mueren de viejos en sus casas o prófugos. La apertura de todos los archivos de la dictadura y del período previo de todas las fuerzas de seguridad que están en poder del Estado es un paso fundamental y necesario no sólo para esclarecer los hechos en Fátima (e identificar al resto de las víctimas y victimarios) sino también para conseguir más datos sobre los más de 500 niños apropiados y para identificar a miles de represores y cómplices, sean civiles o militares.

La fotografía del policía federal abrazando a una de las madres de plaza de mayo retrata a Carlos Gallone uno de los responsables de la masacre y fue tomada por Marcelo Ranea mientras trabajaba para la agencia DYN, por la cual mereció el Premio Rey de España.