SECRETARÍA DE PRENSA POR QUÉ LA INTERVENCIÓN Y EXPROPIACIÓN DE VICENTÍN

Es una medida estratégica sobre el mercado de  exportación de granos y derivados en Argentina

Seis empresas son las principales exportadoras agroindustriales en Argentina, cuatro de ellas son multinacionales: Cofco (China),   Cargill (con base en Minesota-EEUU),  ADM (EEUU), Bunge (Multinacional donde el fondo Black Rock, uno de los tenedores de deuda argentina,  es el tercer principal accionista) , y sólo dos argentinas,  la cordobesa Aceitera General Deheza y la santafesina  Vicentín.

La empresa de la polémica, creada en la provincia de  Santa Fe en 1929, forma parte de un reducidísimo núcleo de empresas que controlan la agro exportación, es decir el comercio exterior del sector más importante de la economía nacional, lo que les da incidencia decisiva además en el mercado de divisas con la generación de dólares comerciales.

Al tener control absoluto este pool de empresas exportadoras fijan de hecho las reglas de la exportación del principal sector de la economía argentina, reglas que incluyen evasión, fuga de divisas, y acopio entre otras prácticas sobre las que el Estado nacional ahora tendrá un resorte desde dónde actuar.  Es un sector, el mercado nacional de exportación de granos y derivados, demasiado trascendente para el conjunto y destino de la economía nacional,  que   hoy  está controlado mayoritariamente por empresas multinacionales, popes del comercio agrícola mundial, y completamente absorbido por  las reglas globales del comercio agrícola, que subordinan la producción (ni hablemos de la función social) a la especulación financiera.

¿Cómo funciona esto?

En primer lugar, si bien en los papeles, sólo los productores pueden almacenar los granos una vez cosechados de los campos, en la práctica,  al menos el 50% de la producción, se  acopia en silo bolsas pertenecientes o controladas por las empresas agroexportadoras, hasta que el productor vende al exportador.  Todas estas empresas, incluida Vicentín, además de tener campos propios de producción, son dueñas de las mayor parte de las acopiadoras, por lo que están en una posición decisiva a la hora de decidir cuándo vender y cuándo “retener”. A propósito de esto, es muy sugestivo que la exportadora Bunge (donde es accionista el fondo Black Rock)  haya aumentado la baja liquidación de divisas justo en medio de la negociación entre Guzmán y los acreedores por la deuda argentina.

Antes de vender, las exportadoras piden dólares a entidades financieras, en el caso de Vicentín al Banco Nación, para los gastos de la operación, en un término de 5 días, liquida las divisas ingresadas y le paga en pesos al productor, descontando retenciones. Una vez que vende y cobra la venta en el exterior, la exportadora le devuelve los dólares al banco que se los prestó. Esto convierte al sector en un factor clave en el mercado de divisas, y como están las cosas hoy, le permite a través de  maniobras de subfacturación, triangulación, y/o retención de granos, atesorar dólares, evadir impuestos y controlar una parte importante del ingreso de dólares al país, reteniendo ventas para forzar una devaluación y obtener mayores ganancias.

Vicentín, una pinturita

Evasión, defraudación, fuga de divisas, aportes millonarios a la campaña de Cambiemos, deuda millonaria con el Banco Nación, con miles de productores argentinos (entre ellos muchos cordobeses), y con sus trabajadores,  a lo hay que sumar  otras sorpresas  que han tomado estado público y no harán más que  aumentar el escándalo en torno al tendal que ha dejado Vicentín.  Y es que parece que la agroexportadora, usaba la infraestructura de  transporte y las rutas fluviales que manejaba para el narcotráfico.

Pero, aún si no prestaran su infraestructura para la distribución a gran escala de la droga en Argentina, todas sus prácticas encajan a la perfección dentro del manual de criminalidad económica, prácticas que ejecutan todas las empresas dominantes en el mercado de exportación, siendo ésta la mejor explicación de la virulencia con que desde las entidades rurales vienen atacando  la medida del gobierno de Alberto Fernández, Bolsa de Comercio Exterior y G6 cordobés incluidos. La sola idea de que el Estado controle una empresa testigo en el sector, a través de YPF Agro,  les genera pánico, porque los  dejaría en evidencia, y expuestos  en su criminalidad, que incluye evasión, fuga de divisas y defraudación.

Repasamos los principales puntos que llevaron al Gobierno Nacional, por iniciativa de la Senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti, a decretar su intervención como única vía para rescatar esta importante empresa en el mercado exportador de granos.

La investigación iniciada por el Banco Nación, e impulsada por el Director Claudio Lozano, brindó la punta del hilo de toda una trama de delitos que, insistimos, es común entre las agroexportadoras y por eso el susto.

Vicentín le debe al Banco Nación 300 millones de dólares, en concepto de préstamos otorgados durante la administración macrista y con Javier González Fraga al frente del Banco Nación.  Estos préstamos totalmente inusuales se hicieron con fondos públicos a una empresa quebrada y en un contexto donde el gobierno nacional repetía hasta el hartazgo que no había plata y que había que bajar el gasto, mientras miles de PYMES quedaban al borde del cierre. Aún con la empresa en cesación de pagos se continuaron otorgando los préstamos.

Vicentín es el primer deudor del Banco Nación. También le deben a la AFIP 9.500 millones de pesos y unos 300 millones a proveedores y acopiadores rurales.  A esto se suma la situación angustiante de 5.600 trabajadores de las distintas ramas del grupo, que ven en riesgo sus puestos de trabajo. Pero además, ahora intervendrá la Unidad de Investigación Financiera, que se presentó como querellante en la causa, para investigar posible “fraudulenta cesación de pagos”.

La maniobra, común en el sistema global del comercio de granos y derivados es la siguiente:    triangular exportaciones vendiéndose a sí mismas la mayor parte de lo que exportan, antes de revenderlas al comprador definitivo (por caso, EEUU). Gigantes como Cargill tienen una estructura multinacional, por lo que les es más fácil “mover” la mercadería dentro de su propia compañía aprovechando ventajas fiscales y subfacturando en los países de origen. En el caso de Vicentín esta operatoria se adapta con la creación a menor escala de  “filiales” regionales. Vicentín Paraguay y Vicentín Uruguay, formaron parte del complejo por medio del cual, una vez que la empresa adquiría los productos a exportar de los productores argentinos, lo revendía primero a algunas de sus filiales y luego a los compradores finales. Vicentín Paraguay (desde noviembre de 2019 casi inactiva), tenía poco más de 10 empleados, pero figura como  segundo exportador de granos de Paraguay. ¿Cuál es el secreto? Que en Paraguay las exportaciones no pagan retenciones y están exentas de IVA.  Se estima que son 200 millones de dólares los evadidos gracias a esta maniobra.

Que permitirá el control estatal de Vicentín  

En primer lugar, salvar la compañía  de la extranjerización. Con  importancia estratégica, la sexta en el ranking de empresas agroexportadoras con ventas al exterior por casi 9 millones de toneladas de granos,  Vicentín es demasiado trascendente para dejarla ir a manos de los colosos mundiales, algo que ya había empezado a pasar. Desde el   2 de diciembre de 2019, la multinacional Glencore  controla el 50% de Renova, la productora de biocombustibles que pasó a compartir en partes iguales con el Grupo Vicentin. El riesgo de que el grupo económico siguiera desprendiéndose de activos, incrementando la extranjerización del mercado exportador de granos nacional, hizo que el Estado nacional actuara rápido y firme.

Control sobre el mercado de divisas y el ingreso de dólares al país. La intervención y posterior expropiación le permitirá al Estado nacional a través la  empresa estatal  poner un pie entre los grandes jugadores del sector, y pudiendo fiscalizar las operatorias en el mercado, detectando maniobras de evasión y ser fuente de ingreso de divisas, incluso garantizar cantidades muy superiores a la que ingresaba hasta el momento, ya que la UIF también detectó fondos offshore.

Sobre  la Soberanía Alimentaria Mucho se ha hablado desde conocida y anunciada la medida, de la Soberanía Alimentaria. Un puñado de multinacionales del agro deciden qué, cómo y a qué precio comemos, y con qué sistemas producimos. En sí mismo,  la definición de la carencia de soberanía alimentaria. La expropiación de una empresa, una aguja en ese entramado, no va a terminar con  esta carencia, pero si es un paso. Porque le permitirá darle, al menos desde el lugar que ocupe, a través de YPF Agro, un carácter  nacional productivo e industrial a la producción de granos y derivados y no un carácter fugador especulativo.  En ese camino también tendrá la posibilidad de decidir cambios sobre los sistemas de producción, qué se produce, cómo se produce, en beneficio de quién.

En definitiva un coloso nacional granario, harinero, aceitero, frigorífico, portuario y productor de biodiesel, en manos del Estado Nacional con un gobierno pensando en erradicar el hambre y la injusticia social y no en la evasión y el endeudamiento, es en sí, un paso importante hacia la soberanía alimentaria.

 

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