SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

      A 45 AÑOS DE LA NOCHE DE LOS LAPICES, NO OLVIDAMOS NI PERDONAMOS

A continuación compartimos una nota realizada por los compañeros de la Asociación de Magisterio de Santa Fe (AMSAFE) , la misma da un marco coyuntural de lo que se vivía como sociedad, antes, durante y después del terrorismo de Estado que comenzó en nuestra patria el 24 de marzo de 1976, no solo es un mero relato de lo sucedido la misma noche del 16 de septiembre de 1976, en el escrito hay testimonios que dan cuenta de como estos jóvenes estudiantes fueron secuestrados, torturados y la mayoría de ellos desaparecidos.

Si bien la nota es del año 2016, desde la Secretaria de Derechos Humanos, la retomamos a los efectos de rescatar el escrito a la vez de que nos permite hacer un ejercicio de memoria

 

 

La Noche de los Lápices. Historia y memoria.

A modo de contextualizar se podría decir que el gobierno popular elegido democráticamente en 1973 no logró canalizar la intensa movilización popular que pretendía recuperar derechos políticos, sociales y económicos que les habían arrebatado el poder económico concentrado.

Este poder no se rindió ante las demandas populares y utilizo como instrumento armado la que fue conocida como la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina). Esta última compuesta por fracciones de la derecha y miembros de las fuerzas de seguridad y de las Fuerzas Armadas, conformando grupos paramilitares que operaban secuestrando y asesinando a militantes políticos y sociales.

Estas fuerzas reaccionarias tenían como principales enemigos a las fuerzas políticas, sindicales y estudiantiles que bregaban por una sociedad más justa e igualitaria por eso sus ataques a los locales partidarios, sindicales y a los espacios educativos los tenían entre sus objetivos privilegiados. Al asumir, el entonces Ministro de Cultura y Educación Ivanissevich decretó la intervención de las Universidades.

 

En enero de 1975 prohibió las actividades de los centros de estudiantes secundarios. Esto no significó un reflujo de las luchas políticas reinvindicativas de los estudiantes sino una ampliación de la mirada hacia otros sectores en lucha, de ahí que la consigna retomada de las jornadas del Cordobazo: ¡¡¡obreros y estudiantes, unidos y adelante!!! Sonara tan fuerte en las movilizaciones de los trabajadores para derrotar el plan de ajuste liberal que había impuesto el ministro Celestino Rodrigo (Rodrigazo). Ese mismo verano un decreto del gobierno nacional puso en marcha el llamado “Operativo Independencia” que tuvo como objetivo el “aniquilamiento de elementos subversivos” en Tucumán que dio inicio al modus operandi propio del terrorismo de Estado: los secuestros, los centros clandestinos de detención y la desaparición forzada de personas a través de la conducción del Ejército.

Las marchas por el Boleto Escolar Secundario se dieron en este contexto de alta conflictividad social y política. Durante septiembre de 1975, en La Plata y otras ciudades, se realizaron movilizaciones donde participó gran cantidad de jóvenes. Fue en la capital de la provincia de Buenos Aires donde a partir del reclamo se logró una tarifa diferencial. Sin embargo, esta no fue la única actividad que realizaban los secundarios ni la única movilización a pesar de que la fuerte represión se hacía sentir con dramatismo como el asesinato en manos de la tripe A de un dirigente de la UES, en Diciembre de 1975.

El golpe del 24 de marzo de 1976 significó la agudización de esta tendencia. El plan se extendió a todo el territorio y los secuestros y desapariciones se multiplicaron al compás de la proliferación de centros clandestinos de detención. Hasta el momento se han denunciado y registrado 498 en todo el país.

Lo que hoy se conoce como “La noche de los lápices” fue parte de este plan represivo puesto en marcha durante la dictadura. El 16 de setiembre de 1976, grupos de tareas conducidos por el Gral. Ramón Camps secuestraron a Claudia Falcone (16 años), Francisco López Montaner (16 años) -alumnos del Colegio de Bellas Artes-, María Clara Ciocchini (18 años) -ex alumna de la Escuela Normal Superior de Bahía Blanca-, Horacio Ungaro (17 años), Daniel Racero (18 años)- de la Escuela Normal Nº 3- y Claudio de Acha (18 años) -del Colegio Nacional de la UNLP-. Pero no fueron ni los primeros ni los últimos: Gustavo Calotti, del Colegio Nacional (UNLP), fue llevado el 8 de septiembre. Víctor Triviño, alumno de la Escuela Media N°2 (“La legión”), el 10 de ese mismo mes. A su vez, el 17 de setiembre fueron víctimas de la represión Emilce Moler y Patricia Miranda, ambas de Bellas Artes (UNLP). Lo mismo sucedió con Pablo Díaz –otro estudiante de “La legión”– el 21 de septiembre. Y hubo otros: la extensa lista está integrada por alrededor de 340 adolescentes desaparecidos de todo el país.

La dictadura tuvo como objetivo desarticular la actividad política, reprimir y exterminar a quienes cuestionaban los “fundamentos esenciales de la Nación”. Bajo la palabra subversivo” se denominaba a todos aquellos considerados enemigos de la Patria.

El resguardo de un orden sujeto a los principios de la “civilización occidental y cristiana” y del capitalismo constituyó la justificación para la implantación de un régimen basado en el terror. Los militantes políticos y sociales, la mayoría de ellos jóvenes, fueron sus principales víctimas.

La escuela, antes espacio atravesado por el activismo político y la movilización, se transformó en un blanco prioritario de la represión.

Hoy a partir de los testimonios en la causa Brusa y en particular de Teresita Cherry es como nos enteramos de la historia de la represión contra los estudiantes secundarios en Santa Fe durante la última dictadura cívico-militar. Una noche de los lápices santafecina.

En sus declaraciones en los tribunales de la capital santafesina a los fines de esclarecer los crímenes de lesa humanidad cometidos en la zona por la última dictadura , relató la persecución sufrida por los estudiantes del Colegio Industrial de Santa Fe, desatada luego de la intervención del Ministro de Educación , Ivanisevich.

Teresita enumeró ante los jueces las torturas, las desapariciones y las tareas de inteligencia desarrolladas dentro de dicha escuela. Se escuchó el largo testimonio en el que comentó su militancia estudiantil en épocas previas al golpe de Estado y la represión desatada contra su colegio, la que tomó un aspecto demasiado parecido a la Noche de los Lápices platense. Además comentó su amistad con Patricia Isasa, quien también fue víctima de los represores y testigo en el juicio. “La conocí en 1974, éramos delegadas de nuestros cursos en la escuela y estábamos viviendo un proyecto educativo superador, innovador”, dijo de su compañera y de sus actividades. “Mi hermano también cursaba en el mismo colegio, él estaba en el séptimo año, era uno de los militantes más viejos”, señaló también en referencia a Néstor Hugo Cherry, desaparecido.

Narró que en 1974, una lista que integraba, formada por militantes de la UES, comunistas e independientes, ganó las elecciones, pero no llegó a asumir debido a la intervención del ministro Ivanisevich. “Había mucha resistencia a la intervención”, dijo, para agregar: “los guardaespaldas del interventor estaban portando armas en todo momento”. Luego denunció: “en el tercer año mío me llamaron del gabinete sicopedagógico y un señor me interrogó sobre la actividad de mi hermano”.

El 19 de junio de 1976, ya instalada la dictadura, su casa fue allanada por fuerzas del Área 212 por ese motivo se trasladó hasta la casa de una tía en la localidad de Alta Gracia.

Sabía que varios militantes de la UES estaban siendo detenidos y no quiso volver por un tiempo hasta que al final regresó para vivir en casa de otra tía. Su hermano Néstor fue secuestrado el 19 de agosto de 1977 en la ciudad de Santa Fe. Ya habían sido detenidos entonces Patricia Isasa, Froilán Aguirre, Viviana Cazoll y el Mono Verón, todos chicos del industrial. Su testimonio finalizó con este comentario: “de esa época quedaron desaparecidos Aldo Partida, Luis Verdú, Carlos Miguel Pepe Núñez, Angel Fiocchi, Alberto Solé y Néstor Hugo Cherry”, todos ellos estudiantes del secundario.

El día anterior a su testimonio otros dos testigos recorrieron un centro de detención policial. Se trató de Mariano Millán y Patricia Isasa, quienes volvieron a la seccional Primera de la Policía de Santa Fe, en el centro de la ciudad, para reconocer ante el Tribunal el sitio en el que permanecieron cautivos durante la década de 1970.

La medida se adoptó como correlato de las declaraciones de dos de las víctimas, que en sus testimoniales dieron cuenta de las penurias enfrentadas durante su detención en ese lugar.

Los dos testigos, víctimas de la represión durante la década de 1970, declararon ante el TOF, que juzga a cinco ex policías: Eduardo Ramos, Mario José Facino, María Eva Aebi, Juan Calixto Perizzotti y Héctor Colombini y al ex juez federal Víctor Hermes Brusa, por los delitos cometidos por estos en esa época.

Hoy gracias a todos los sobrevivientes que dieron testimonio de este capítulo negro de nuestra historia reciente y que reproducimos a modo de resumen en este texto es que conocemos en su real magnitud los horrores cometidos sobre ¡¡¡ jóvenes entre 16 y 20 años!!!

Por eso decir hoy: NO OLVIDAMOS, NO PERDONAMOS, tiene su fundamento ético.

 


RECONSTRUYENDO LA MEMORIA HISTORICA

Argentina. Resistencia: la Masacre de Napalpí será investigada en un juicio por la verdad

(NOTA DE  Resumen Latinoamericano )

 

 

Resumen Latinoamericano, 14 de septiembre de 2021.

La jueza Niremperger hizo lugar a la solicitud de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos para investigar la matanza de comunidades originarias ocurrida en 1924. «Los hechos objeto de investigación exhiben características que permiten su inclusión dentro de la categoría de delitos de lesa humanidad», indicó la magistrada. Las partes fueron notificadas y citadas a juicio.

La jueza a cargo del Juzgado Federal N°1 de Resistencia, Zunilda Niremperger, ordenó la tramitación de un juicio por la verdad por la Masacre de Napalpí, en línea con lo requerido por la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de esa jurisdicción, integrada por los fiscales generales Federico Carniel y Carlos Amad, el fiscal federal Patricio Sabadini y el fiscal ad hoc Diego Vigay. Será el primer proceso de este tipo por crímenes de lesa humanidad del Estado Argentino contra población Indígena y estará dirigido a determinar los hechos ocurridos en la masacre perpetrada el 19 de julio de 1924, en el marco de un procedimiento encaminado a la averiguación de la verdad, similar a los tramitados durante la década del ’90 en diferentes jurisdicciones para investigar los crímenes de la última dictadura cuando estaban vigentes los efectos de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.

En la resolución, Niremperger resaltó que “los hechos objeto de investigación exhiben características que permiten su inclusión dentro de la categoría de delitos de lesa humanidad, cuya imprescriptibilidad posibilita que a pesar del tiempo transcurrido se pueda investigar, y de ese modo procurar su reconstrucción desde una perspectiva histórica”.

La magistrada también señaló que “en ese escenario, se debe considerar que existe un mandato acentuado de debida diligencia que pesa sobre el Estado Argentino, ya que quienes serían víctimas de los hechos en cuestión son integrantes de las comunidades indígenas Qom y Moqoit. En base a ello, considero necesario transitar un proceso que establezca la verdad de lo acontecido por su valor simbólico, histórico y humano, buscando la determinación judicial de tales hechos”.

“Entiendo entonces que la trascendencia institucional que revisten tales hechos justifica la promoción de una instancia institucional que agote los recursos disponibles para reconstruir los sucesos históricos ocurridos en la denominada ‘Masacre de Napalpí’. La búsqueda efectiva de la verdad resulta relevante no solo en términos de memoria colectiva sino que puede operar favorablemente en el terreno de la reparación histórica y simbólica hacia las comunidades que habrían sido damnificadas directamente con tales hechos”, concluyó la jueza.

La magistrada citó a la Defensoría Pública Oficial de la Víctima, al Ministerio Público Fiscal y a la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros de la provincia del Chaco -a la cual aceptó como querellante en la misma resolución-, a fin de que en el término de diez días comparezcan a juicio, examinen las actuaciones, ofrezcan las pruebas e interpongan las recusaciones que estimen pertinentes.

«La búsqueda efectiva de la verdad resulta relevante no solo en términos de memoria colectiva sino que puede operar favorablemente en el terreno de la reparación histórica y simbólica hacia las comunidades que habrían sido damnificadas directamente con tales hechos».

La masacre

La denominada Masacre de Nalpalpí fue perpetrada el 19 de julio de 1924. Según los registros históricos y la prueba recabada en la investigación preliminar desarrollada por la Unidad Fiscal, unos 130 policías y un grupo de civiles partieron desde Quitilipi hasta Napalpi por orden del gobernador del entonces territorio nacional del Chaco, Fernando Centeno, para acallar el reclamo de integrantes de pueblos originarios y de criollos que exigían una justa retribución por la cosecha de algodón o salir a trabajar del territorio chaqueño hacia los ingenios de Salta y Jujuy, que ofrecían mejor paga.

De acuerdo con los relevamientos de diferentes historiadores recabados por la fiscalía en el inicio de esta pesquisa, durante 45 minutos la policía descargó más de 5 mil balas de fusil sobre la población de Napalpí. Las víctimas fueron estimadas en 423, entre aborígenes y cosecheros de Santiago del Estero, Corrientes y Formosa, aunque un 90 por ciento de todos ellos pertenecían a comunidades originarias. Unos 38 niños lograron escapar de la matanza, pero luego al menos la mitad fue entregado como sirvientes en las localidades de Quitilipi y Machagai, mientras que el resto murió en el camino. Sólo quince adultos lograron sobrevivir.

Lainvestigación preliminar

En 2014, la fiscalía impulsó una investigación preliminar mediante la cual, a través de los años, se pudieron recoger las voces de sobrevivientes Qom y Moqoit, como Pedro Balquinta y Rosa Grilo, y a través de los relatos de algunos de sus descendientes.

Asimismo, se reunió un cúmulo de documentos históricos que fueron aportados por instituciones provinciales y nacionales como las memorias y de los informes de la Comisión Honoraria de Reducciones del Ministerio del Interior de la Nación; documentación de la Reducción Napalpí; de la Intervención del Territorio Nacional del Chaco; los legajos del gobernador Fernando Centeno; del jefe de Policía de Chaco, Diego Uribarrie; de los oficiales Roberto Saenz Loza y Vicente Attis; documentos del Archivo General de la Nación; el diario de sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación; el diario El Heraldo del Norte, con su investigación periodística sobre la Masacre en su Edición Especial de 1925; el expediente judicial N° 910/24 “ Sublevación Indígena en la Reducción Napalpí”, resguardado por el Superior Tribunal de Justicia del Chaco; documentación aportada por el Aéreo Club Chaco; y fotografías de la Reducción y del avión utilizado tomadas por el antropólogo Lehmann-Nitsche, entre muchos otros documentos.

Además, se sumaron a la investigación preliminar importantes trabajos de investigación científica y en muchos casos los testimonios de historiadores e investigadores como Juan Chico, Mariana Giordano, Elizabeth Bergallo, Marcelo Mussante, Lena Davila, Alejandro Covello, Teresa Artieda, Laura Rosso, Pedro Solans, Carlos Díaz y Mario Vidal. También se incorporaron trabajos de investigación del contexto histórico como el de Reconstrucción Histórica del Genocidio Indígena de los investigadores Mariano Nagy, Héctor Hugo Trinchero, Diana Lenton, Marcelo Walko, Darío Aranda y Nicolás Iñigo Carrera, entre otros.

En ese plano, también se realizaron en 2019 en Colonia Aborigen trabajos de excavaciones y exhumaciones, que estuvieron a cargo del Equipo Argentino de Antropología Forense.

Como prueba del contexto histórico, los fiscales mencionaron también una investigación sobre la Masacre del Zapallar contra población indígena, ocurrida en 1933 en esa localidad de la provincia de Chaco, y que cuenta con importante documentación y testimonios aportados por el investigador Rubén Guillon.

Fuente: Fiscales.gob.ar

 


Caminata con los Pueblos Indígenas 17/9

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