SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

Acampe de los pueblos indígenas

Frente al Congreso de la Nación

Durante el jueves 18 de noviembre, el compañero Alfredo Seydell, Secretario de Derechos Humanos de nuestra organización sindical, se hizo presente para llevar nuestra solidaridad a las organizaciones indígenas que acampan frente al Congreso Nacional, exigiendo que se trate la prórroga de la Ley 26.650,  que evita desalojos y que vencía el 23 de noviembre del corriente año, en una instancia más de acompañamiento que desde la Secretaría de Derechos Humanos de Luz y Fuerza venimos llevando adelante, a la demanda de  comunidades indígenas de la provincia de Córdoba.

 

Al día siguiente junto a compañeros de distintos sindicatos como por ejemplo del Metrodelegadxs, Gráficos, Farmacia e integrantes de la Universidad de Avellaneda, Seydell pudo dialogar más en profundidad sobre la situación que atraviesan distintas comunidades indígenas a nivel nacional, a la vez que se invitó a los presentes a llevar su problemática al seno del V encuentro Federal de Derechos Humanos, que se desarrollaba al día siguiente en la ex ESMA, encuentro en el que estuvo nuestro compañero y que publicáramos en el Electrum 1644 del 26 de noviembre.

En la próxima edición publicaremos una nota que nos hicieron llegar desde el grupo de comunicación de Caminata de las Comunidades Indígenas Unidas Córdoba, que se titula Más que una prórroga, en donde dan una pormenorizada explicación de sus  luchas y el porqué de la importancia de prorrogar la ley 26.560.

El Compañero Seydell en el acampe de las comunidades indígenas frente al congreso Nacional


 

Más que una prórroga

Por Caminata  de las Comunidades Indígenas Unidas de Córdoba

 

La Constitución Nacional argentina reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas y ésto significa considerarlos oficialmente como pueblos dentro del Estado nacional, con identidad propia y con derechos colectivos que se derivan de su presencia histórica y contemporánea. El Estado Nacional así como los diferentes poderes estatales en el marco de sus respectivas competencias, tiene la obligación constitucional de garantizar de forma progresiva los derechos a la tierra y al territorio de los pueblos indígenas, por eso, deben tomar medidas todas las medida administrativas, políticas, legislativas y judiciales para hacer realidad estos derechos. Muy lejos estamos de ello ya que dicha Ley de Emergencia Territorial N° 26160 aprobada en 2004 caducó el pasado 25 de noviembre sin ser renovada, puesto que sólo cuenta con la media sanción de la Cámara de Senadores y transcurridos los días, la Cámara de Diputados no fue convocada a sesionar para su tratamiento.

 

 

La ley tuvo el objetivo prioritario, por un lado, de agilizar el relevamiento de los territorios tradicionales indígenas y su cumplimiento requiere de un sólido y auténtico compromiso que requiere de la decisión política fuerte tanto del Estado nacional como el de las provincias. La misma permitió frenar el desalojo y expulsión de sus tierras de decenas de comunidades originarias en diferentes puntos del país. Dio cumplimiento con su sanción al artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional el cual reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, como también la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que ocupamos. Pero en el tiempo transcurrido desde aquel lejano 2004, Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) pudo relevar solamente 742 de las 1760 comunidades que por entonces habían solicitado los relevamientos según los últimos datos oficiales. Y se han multiplicado desde los territorios, los pedidos de relevamiento y personerías jurídicas ya que la mayoría de las comunidades indígenas del país no cuentan con un reconocimiento legal de sus tierras acorde a las formas de uso y ocupación tradicional y ancestral. Para comprender esta situación es necesario  enmarcar históricamente en la avanzada del estado a fines del siglo XIX contra los pueblos naciones de la Patagonia y la región chaqueña con campañas militares genocidas que habilitaron  la desposesión de grandes extensiones de  tierras destinadas a  estancieros – proceso que prosiguió en el siglo XX y hasta el presente-,  con   la presencia de empresas agropecuarias, inmobiliarias, petroleras y mineras, y también con  la superposición de parques nacionales y áreas protegidas sobre áreas habitadas o utilizadas por comunidades indígenas. De acuerdo a la ley 26.160 y a su decreto reglamentario Nº 1122/07, el relevamiento abarca a las comunidades indígenas registradas en el INAI o en los organismos provinciales competentes y también a aquellas que sin haber registrado su personería pertenezcan a un pueblo indígena preexistente. Esto es, todas aquellas comunidades que pese a no contar con reconocimiento oficial, cumplen con todos los requisitos para ser consideradas como sujeto indígena.

Es imprescindible destacar  que Argentina ha ratificado varios instrumentos internacionales fundamentales para los pueblos indígenas, como el Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y adoptado la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el cual  a pesar de  ser un tratado ratificado por los Estados, fue adoptada por una aplastante mayoría de 143 estados, de todas las regiones del mundo, y como instrumento universal de Derechos Humanos, y obliga moral y políticamente a todos los estados miembros de la ONU a su plena aplicación. La Declaración clarifica y confirma derechos que ya son formalmente legalmente vinculantes y aplicables a los pueblos indígenas. Durante el periodo previsto para realizar estos relevamientos territoriales las comunidades cuentan con una medida de protección que suspende desalojos. Ante la inminente finalización del plazo, la situación actual demanda su urgente prórroga. De lo contrario, el Estado Argentino incumplirá la prohibición de regresividad en materia de derechos humanos. La protección de los derechos a la tierra y al territorio originario no admite dar pasos atrás.

La 26.160 constituye un paso necesario y urgente para que luego las comunidades indígenas consolidemos la presencia en los territorios ante innumerables amenazas y fortalecer los procesos de reivindicación y titulación comunitaria de los territorios. La norma tiene que otorgar seguridad jurídica, y el escenario nacional, da muestras suficientes y horrorosas de cómo esto no sucede, sino por el contrario, se transgrede, y se instrumentan medidas de represión y violencia que llevan a la muerte incluso a nuestras hermanas y hermanos.  Necesitamos una Ley territorial indígena, no sólo una prórroga, para que sean respetados plenamente nuestros derechos. Mientras, seguimos luchando porque mínimamente se la prorrogue, para frenar de manera urgente o evitar desalojos, usurpaciones, y dictámenes judiciales injustos y arbitrarios. Estamos movilizados en todo el país esperando que el poder legislativo culmine el proceso, y haciendo visible que es impostergable que seamos incorporados en la agenda de la política pública estatal. Los pueblos naciones nos hemos ido organizando en defensa de los territorios y nuestras identidades y derechos, estamos unidos en esta lucha que va contando con más sensibilidad social en medio de la escasa voluntad política para dictar una ley territorial definitiva.

El pasado martes 7 de diciembre realizamos una nueva movilización y llevan más de 40 días acampando hermanas y hermanos en la Plaza Congreso resistiendo al frío, el calor, el desprecio y los intentos desalojarlos. En los territorios nos seguimos manifestando con diversas acciones para dar visibilidad de la urgencia, y escuchados. ¿Qué pasa que pasa con las y los legisladores no nos han escuchado aún?. ¿Por qué a pesar de que se han expresado algunos sectores políticos, gremiales, artísticos, académicos, y la ciudadanía en general dando su apoyo abierto, no se ha tratado aún en la Cámara de Diputados?

Exponemos a la sociedad toda, que esta ley no sólo impacta sobre las comunidades indígenas, sino  también produce una vía de protección para que los territorios dejen de ser objeto de este un brutal avasallamiento que emprenden las  empresas internacionales y locales que aspiran a continuar con la destrucción de la Madre Tierra con sus negocios como la minería a cielo abierto, autovías, fumigaciones, desmontes, y prácticas desarrollistas que también los poderes provinciales y el nacional,   en nombre del progreso, habilitan con emplazamientos de obras públicas que van en contra de los necesario diálogos interculturales entre pueblos indígenas y gobiernos en el contexto contemporáneo de cambio climático y la revisión  del modelo energético y de desarrollo en general basado en el imperativo  de la consulta libre, previa e informada para la ejecución de proyectos. La consulta debe ser informada, “requiere que el Estado acepte y brinde información, e implica una comunicación constante entre las partes” y el Estado debe asegurarse de que los miembros de las comunidades consultadas “tengan conocimiento de los posibles riesgos, incluido los riesgos ambientales y de salubridad, a fin de que acepten el plan de desarrollo o inversión propuesto con conocimiento”. Debe ser una consulta con pertinencia cultural, y un medio para llegar a un acuerdo. Además, debe gozar de un dialogo genuino, equidad entre las partes, participación, traducción (en caso necesario) y asesoría. Y agrega explícitamente que la consulta debe realizarse antes de la aprobación del proyecto. Las obras públicas actualmente están poniendo en riesgo Reservas y sitios Sagrados (llamados arqueológicos por el estado) como el caso de Casa Bamba, Paravachasca, Saldán, Punilla, San Marcos, Traslasierra, y comunidades, asambleas y organizaciones estamos denunciando estos incumplimientos de las leyes. En el territorio hoy llamado Córdoba el colonialismo de la mano de los diferentes gobiernos ha devastado el monte nativo dejando tan solo un 3% en todo el territorio provincial y quienes venimos reparando y cuidando la Canchira, la Mapu, la Pacha, la Telkara, desde tiempos inmemoriales somos las comunidades indígenas. Nuestra cosmovisión no ve como mercancía ni objetos a la vida en todas sus manifestaciones: pertenecemos a la Tierra, ella no nos pertenece. Por eso, es que se trata de desnudar esta mirada que en nombre de libertades y propiedad privada, desconoce los derechos comunitarios y colectivos. Ya es inocultable que las alianzas entre sectores de poder, retrasan y niegan la aplicación de normas que salvarguardan el planeta y aunque se hayan reconocidos nuestros derechos como los pueblos indígenas, continúan agenciándose a distintas escalas, políticas que muy lentamente dan signos de procurar su respeto, como aquellas otras que directamente omiten y dilatan la sanción o aplicación de leyes a nivel nacional o provincial. Es diverso y complejo el escenario donde se dirimen estas luchas, con diferentes sectores y actores interviniendo. Esta construcción nos encuentra reforzando los vínculos entre los pueblos naciones y organizándonos para que dejemos de ser una postal, una artesanía, un dibujo en un manual, una molestia en la plaza del Congreso o al frente del Patio Olmos o tras las vallas de la Legislatura de Córdoba, donde nos expresamos solicitando un pronunciamiento respecto a la urgencia del tratamiento de la ley.

Como guardianes del monte resistimos desde hace siglos, y denunciamos la violencia colonial a la que somos sometidos como cuerpos territorio en una escalada del capitalismo global con nueva fuerza. Exigimos que se nos respete como parte del estado de derecho, como sujetxs políticos y constructores del entramado social. Es por esto que comunicamos y convocamos al resto de la sociedad, porque nuestra lucha y resistencia abraza y comprende a todas las opresiones y violencias que se ejercen desde el Estado cuando lo que prima es el negocio por sobre la vida produciendo destrucción y muerte del monte, la contaminación y mercantilización del agua, la destrucción de montañas y cerros con el extractivismo feroz, que junto las planificaciones estatales de un modernismo de cemento y liberalismo, irrespetan  los derechos de las comunidades, el ambiente, el patrimonio los cuales son para toda  la ciudadanía.

No somos los únicos a los que nos debiera urgir que se trate esta la Ley, no seremos ni somos los únicos afectados ante el cambio climático, la desertificación, inundaciones, el drama de los desplazamientos forzosos, el saqueo de la tierra por unos pocos, y el empobrecimiento de muchos; ante la violencia en los territorios y hacia las comunidades y colectivos, urge que nos alcemos en defensa y protección de la vida.  Los gobiernos poderosos de occidente y oriente, los que satelitan en torno a ellos, alineados a sus políticas y demandas sobre nuestros territorios, no están dando respuestas efectivas y claras de protección a la Madre Tierra. El sistema mundo cimentado en la modernidad y el capitalismo, impuso esta mirada de ella como un recurso. Y en ese sentido, a la vez que se realizan Cumbres y labran acuerdos, continúa el uso de energías que promueven el extractivismo, la contaminación, el desmonte, y en pos de lo que llaman “desarrollo”. Decimos Basta! a la destrucción de lugares sagrados, la demonización de las luchas y las identidades indígenas, a los asesinatos y la violencia institucional que da continuidad a las prácticas de colonialidad y racismo.

En ese sentido, convocamos acá con la palabra, como en las ceremonias, en el acampe, y concentraciones como las realizadas este 7 de diciembre (con el apoyo de diversos sectores sociales), ante la Legislatura de Córdoba o frente al Patio Olmos ceremoniando y realizando una semaforiada con carteles; como asi también lo fue en la Caminata realizada el pasado 17 de septiembre en la ciudad de Córdoba, cuando casi 3.000 personas caminamos en nombre de la vida, repudiando las violencia territorial.

Clamamos para que despertemos, el tiempo es Ya.  No es admisible tanta dilación, tanto desinterés para sesionar y tratar la ley en el recinto de Diputados, una penosa nueva prórroga que no despoje de protección a las comunidades a la espera de la definita ley.  Las comunidades indígenas somos sujetos políticos con derechos constitucionales. Por eso informamos a la sociedad toda y exigimos a quienes cumplen la tarea de legislar, aplicar políticas y justicia, que recuerden que no estamos pidiendo dádivas, sino exigiendo el cumplimiento de los Derechos Indígenas. Hoy estamos por la prórroga de una ley. Pero es mucho más por lo que luchamos, como desde hace siglos, ante los embates del colonialismo y el capitalismo que cosifica toda expresión de vida y convierte en dinero al agua, los cerros y montañas, los animales y las plantas, los conocimientos, las expresiones culturales de los pueblos, y la propia vida humana transformada también en recurso.

Por último, el decreto presidencial no basta, las sucesivas prórrogas, tampoco.  Queremos el respeto de cada uno de los derechos, los territoriales y culturales, la consulta previa informada y vinculante, el cese de la violencia institucional teñida de racismo y colonialismo que continúa imponiendo el modelo civilizatorio y de crisol de razas. Caminamos hacia la reparación histórica y un estado plurinacional en tiempos que somos llamadas por las abuelas y los abuelas, para ser la memoria viva y activa para el Buen Vivir y una verdadera Interculturalidad basada en la postergada Reparación Histórica, y hacia un Estado Plurinacional.