EL MIÉRCOLES 13 DE MAYO ABANDONO Y MOVILIZACIÓN

EL MIÉRCOLES 13 DE MAYO  ABANDONO Y MOVILIZACIÓN

POR LA DEROGACIÓN DE LA LEY 10078, PARA LA RECUPERACIÓN DE LA LEY 8024, CONTRA EL IMPUESTO AL TRABAJO

Como parte del plan de lucha de FATLYF, el miércoles 13 de mayo, junto a los lucifuercistas de todo el país,  pararemos en reclamo por la ilegal aplicación del impuesto a las ganancias sobre el salario de los trabajadores y por la sanción de un nuevo régimen impositivo que sea más equitativo.  Actualmente, numerosos  sectores de la vida económica del país  que obtienen ganancias fabulosas como las del sector financiero, del juego y de la megaminería entre otros, no tributan el impuesto a las ganancias.

Además marcharemos junto a otros gremios aportantes a la Caja de Jubilaciones para reclamar la derogación de la ley provincial 10078 que difiere por 6  meses el pago del aumento que les corresponde a los jubilados y para recuperar los beneficios de la ley previsional 8024.

La Reunión Conjunta de Consejo Directivo y Cuerpo General de Delegados, resolvió el pasado lunes 4,  que el miércoles 13 de mayo  nuestro gremio hará abandono sin afectación del servicio, concentrándonos en nuestra sede sindical para marchar junto al resto de las organizaciones gremiales hacia Casa de Gobierno para reclamar una vez más, la derogación de la ley 10078.

El abandono será a las 9.00 hs en el interior y a las 9.30 hs en Córdoba Capital, extendiéndose el paro hasta las 24 hs sin afectación al servicio,  con guardias mínimas y sin atención al público

Reunión Conjunta Consejo Directivo-Cuerpo General de Delegados

El lunes 4 de mayo por la tarde, se desarrolló la Reunión Conjunta de Consejo Directivo y Cuerpo General de Delegados para analizar el informe de la Secretaría General y de la Secretaría de Previsión Social, referido a la jornada de paro a realizarse el próximo miércoles 13 de mayo, el que fuera dispuesto por la FATLYF y que se cumplirá en todo el país.  Previamente, en horas de la mañana, se había reunido el Consejo Directivo para evaluar dicho informe.

Nuestro Secretario General Gabriel Suárez  recordó que el paro convocado por FATLYF tiene por objetivo reclamar ante el estado nacional contra el impuesto al trabajo y para que eleve sustancialmente la remuneración de los jubilados nacionales.  Además, para promover la aplicación de una escala salarial única para los trabajadores de la energía eléctrica en todo el país. Pero en el caso de nuestro sindicato, agregamos la derogación de la ley provincial 10078, la recuperación de los beneficios de la ley 8024, el rechazo a la armonización con el sistema previsional nacional y la normalización de las autoridades de nuestra Caja de Jubilaciones.

Con respecto a la organización del paro, el compañero Gabriel Suárez  instó a que en esta oportunidad la medida se llevara a cabo con la modalidad de paro activo con un abandono par participar en una marcha hacia la Casa de Gobierno Provincial conjuntamente con otras organizaciones sindicales que han estado coordinando los distintos secretarios de previsión social de estos gremios, en reuniones realizadas en nuestra sede sindical, sobre las que informó a continuación nuestro Secretario de Previsión Social Daniel Tapia.

Tras la determinación de la Secretaría General y de la Secretaría de Previsión Social respaldada por el Consejo Directivo, con respecto a luchar coordinadamente con el resto de los sindicatos para lograr la derogación de la ley 10078,  se cursó  una invitación a todos los gremios aportantes a la Caja para reunirse en nuestra sede sindical.  Fue así que se realizaron tres reuniones a las que concurrieron  distintos gremios aportantes a la Caja de Jubilaciones, participando SUOEM, Judiciales, Bancaria, Luz y Fuerza de Río Cuarto, SIPOS y numerosas organizaciones de jubilados y pensionados.  También participaban afiliados de otros sindicatos aportantes a la Caja que expresaban su voluntad de participar en una lucha conjunta aunque no vinieran sus dirigentes a estas reuniones.

El compañero Daniel Tapia advirtió a los Delegados que la derogación de la ley 10078 es solamente uno de los  pasos que tenemos que lograr, porque atrás hay un convenio de armonización esperando dar el último paso, expresando  que los Delegados deben entender bien esta situación para que la puedan transmitir a sus compañeros en los sectores de trabajo.

La primera reunión, se hizo en la biblioteca, la segunda reunión, por la cantidad de participantes, se tuvo que hacer en el tercer piso y en  la tercera reunión participaron también organizaciones del interior de la provincia.

La resolución de estas reuniones fue la realización de la marcha el miércoles 13 de mayo con la modalidad de que en esta oportunidad los jubilados marchen al frente de la movilización y los trabajadores activos detrás, con la finalidad de que quede bien explícito contra quién se está tirando el gobierno de la provincia, porque se están contra   nuestros jubilados, que es la clase más débil y después contra nosotros. Cada organización saldrá de su propia sede y nos concentraremos en Colón y La Cañada y desde allí marcharemos hasta la Casa de Gobierno.

Las principales reivindicaciones de la movilización son la derogación de la ley 10078 y la recuperación de la ley 8024, este mensaje tiene que estar claro porque se trata del derecho de nuestros jubilados pero sobre todas las cosas el futuro de quienes somos trabajadores activos, no hay que tener dudas sobre eso.

Cerrando el informe,  nuestro Secretario General Gabriel Suárez expresó: “Nuestra organización sindical defiende el interés de conjunto,   todos debieran pensar que es hora de que se iguale hacia arriba, porque es la única manera en que se puede construir un destino distinto al que tenemos en la provincia sin ser condicionados por la nación.  Para eso  es necesario que Córdoba esté unida y los primeros que garantizamos la unidad somos los laburantes, no existe otra posibilidad, porque nos van a venir a ofrecer un montón de cosas los políticos, pero tenemos que ser conscientes de que todos lo logros que tenemos nosotros son producto de haber defendido y sostenido la empresa Estatal e Integrada, el Convenio Colectivo de Trabajo y la defensa irrestricta de los jubilados, siempre hemos hecho las cosas como corresponde. Por eso dentro del marco de la unidad y con el convencimiento de que el miércoles 13 tenemos que movilizar   todo el gremio, cada uno de los Delegados que están acá tienen que volver a su sector de trabajo   y garantizar que todos los compañeros hagan lo que tienen que hacer en defensa de todos, el miércoles 13 de mayo, todos a la calle.”

Finalmente se resolvió que el miércoles 13 de mayo, los sectores del interior abandonarán a las 9.00 horas, los sectores de Córdoba Capital abandonarán a las 9.30 horas con concentración en nuestras sede sindical para marchar junto al resto de las organizaciones sindicales hacia Casa de Gobierno.  El paro será hasta las 24 hs y con la modalidad de guardias mínimas, sin afectación al servicio

Gabriel Suárez: La función de ustedes, como delegados, como representantes del gremio en el sector de trabajo, es hacer un laburo muy fino para hacerle entender a los compañeros que tenemos que participar sí o sí,  en beneficio de no tan sólo los compañeros pasivos, sino en beneficio de nosotros mismos, porque en algún momento nosotros también seremos jubilados y si este marco legal continúa, vamos a tener serios inconvenientes

Daniel Tapia: El tema Previsional hay que militarlo compañeros porque ley 10078 es solamente uno de los  pasos que tenemos que lograr, porque atrás hay un convenio de armonización esperando dar el último paso,

LO QUE HAY QUE  SABER EN RELACION A LA REFORMA A LA LEY 8024 DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CORDOBA

Compañeros: A través del Convenio para la Armonización y el Financiamiento del Sistema Previsional de la Provincia de Córdoba Nº 83  firmado por el actual Gobernador el 13 de Diciembre del año 2002 y que fuera ratificado por ley Provincial Nº 9075 del 30 de Diciembre del mismo año. “La PROVINCIA se compromete a armonizar en materia de jubilaciones y pensiones a partir del 1 de enero del 2003. Dicha armonización se realizará en función de las leyes nacionales vigentes en materia de previsión social o de las disposiciones que el futuro las sustituyan…”.(Art. 1º)

Es decir, el Sr. Gobernador al firmar el Convenio, hace ya casi doce largos años, implementó medidas que garantizaron una “armonización” perfecta con el régimen previsional nacional que  afectó el derecho a una vida digna de los trabajadores jubilados y pensionados provinciales, y en particular de los sectores más vulnerables de la Administración Central del sector público.

En menos de diez años, se dictaron leyes tales como la Nº 8836, Nº 9017, Nº 9045, Nº9075, Nº9504, el Decreto Nº 40/09 “Texto Ordenado de Ley 8024”, el Decreto Nº 41/2009 reglamentario de la Ley 8024 y un sin número de “instructivos” internos que progresivamente fueron menoscabando los derechos adquiridos de  nuestro jubilados y pensionados.

Se armonizó entre otras cuestiones: la edad (se aumentó a 60 años para las mujeres y 65 años para los varones); el tipo de beneficios; se creó el Fondo Complementario que significaba el 7 % de nuestro sueldo y que no se sabe dónde fue y cómo desapareció; se estableció que las prestaciones serán móviles en relación con las “variaciones del nivel sectorial de las remuneraciones del personal en actividad”,  desaparece toda referencia a la equivalencia del cargo y aparecen los INDICES fijados por la autoridad de aplicación ( Secretaria de Previsión Social dependiente del Poder Ejecutivo Provincial); el haber de las Prestaciones se calcula sobre el promedio de las últimas 48 remuneraciones mensuales sujetas a aportes efectuadas a la Caja, actualizadas según índice de movilidad sectorial y no sobre el cargo; el haber de la jubilación se bonifica en un 1 % de la remuneración considerada por cada un año y medio (1 ½) de servicio efectivos con aportes en la Caja que supere  los 30 años, con un tope máximo del 88 % de los 48 últimos meses, el excedente superior a 39 años de aportes no será considerado a los fines del reajuste del haber,  lo cual configura una clara retención indebida por parte de la Caja.

Pero todas esta reformas, no fueron suficientes ya que sus funcionarios se encargaron  de denostar permanentemente  el régimen de la Caja calificándolo de deficitario “porque las jubilaciones y pensiones provinciales son las más altas del país”, especialmente las de los trabajadores de EPEC, en base a cuadros estadísticos que nadie entiende ni se sabe quién los confecciona, pero que sirvieron de fundamento para que el día 8 de Agosto del año 2012, el Poder Legislativo Provincial sancionara la Ley 10078, mal llamada “Fortalecimiento del Sistema Previsional”.

Esta ley, avanza sobre los derechos constitucionales del trabajador activo y por supuesto de los jubilados y pensionados del sector público.

El art. 1º y 2º se refiere a la motivación y garantías de la norma, en base a la sustentabilidad financiera, a la justicia social,  a la irreductibilidad de los haberes de los beneficiarios del sistema y a la mantención del mecanismos de cálculo según el art. 46 de la ley 8024.

El art.3º modifica el art. 7º de la Ley 8024 que reglamenta la facultad del Poder Ejecutivo para modificar contribuciones  y aporte y en su parte pertinente establece que en el caso que se disminuyera el aporte personal, este porcentaje se imputará a cuenta de futuros aumentos de salarios. Se trata de una norma confusa, ambigua y por cierto contraria a los derechos de los trabajadores que legaliza la facultad del Poder Ejecutivo de reducir los haberes jubilatorios en virtud de la reducción de los aportes personales. Es evidente su inconstitucionalidad violatorio del art. 57 y conc. de la Constitución Provincial (C.P.).

El art. 4º, vuelve a modificar el art. 51 de la Ley 8024 referido a la Movilidad de las prestaciones al disponer no solo que la misma es en relación a las variaciones del nivel sectorial del personal en actividad sino que el reajuste de los haberes se realizará a los 180 días computados desde la fecha que fuera percibida la variación salarial. Si bien ésta norma “armoniza” perfectamente con el régimen nacional es a todas luces inconstitucional violatoria del Art. 14 bis y 16  de la Constitución Nacional (C.N.)y art. 57 de la C.P. ya que fulmina el concepto de movilidad desconociendo arbitrariamente lo declarado en los art. 1º y 2º de ésta misma ley y también la naturaleza misma del haber que al ser de carácter alimentario, es de cumplimiento inmediato.

El art. 5º, contradictoriamente a los fundamentos de la Ley 10078, crea un “Complemento Previsional Solidario”, que garantiza un haber previsional mínimo, pero excluye a quienes fuesen titulares de otra prestación previsional y a los que perciban ingresos como cuentapropistas. No se entiende como será el haber mínimo en estas dos situaciones y cual será la base de cálculo a implementar, lo cual crea una situación de desigualdad con el resto de beneficiarios que también es violatoria de derechos constitucionales.

El art. 6 dispone el Financiamiento del régimen especial estableciendo que los  “desequilibrios” que genere el régimen especial para el personal policial y penitenciario no pueden ser cubiertos con los aportes y contribuciones del resto de los afiliados del sistema. Pero solo se establece confusa y ambiguamente que los “desequilibrios” no pueden ser absorbidos por el régimen general, pero no específica quien se hará cargo de esos “desequilibrios”, cuales serían esos “desequilibrios”, en definitiva el personal policial y penitenciario sigue en la orbita de la Caja, lo cual ésta muy lejos de la propuesta de los gremios.

Esa es toda la ley, que claramente compromete el futuro previsional y el derecho a una vida digna en base a los aportes y contribuciones realizados durante toda nuestra vida laboral.

En esta línea de razonamiento, es necesario recordar el art. 55 de la C.P. que dispone: los organismos de la seguridad social tienen autonomía y son administrados por sus administrados con participación del Estado.- Este derecho constitucional, respaldado por el art. 14 bis de la C.N. de participar en la administración de la Caja ha sido violado al persistir la intervención y declarar autoridad de aplicación de esta ley a la Secretaría de Previsión Social .

La Ley 10078, no solo es violatoria del principio de irreductibilidad de las prestaciones (art. 57 C.P), lo que significa que el haber previsional no puede ser disminuido por acto de gobierno ya que existe un derecho adquirido, sino que desde el punto de vista práctico, el Ejecutivo no demuestra que ésta sea una solución al problema, por el contrario al ser violatorio de garantías constitucionales dicha medida AGRAVA, la situación financiera de la Caja por ser generadoras de litigios cuyos fallos aumentarán el pasivo del Organismo y no el activo, basta ver la jurisprudencia al respecto.-

Estas reformas no garantizan ninguna solución sustentable en el tiempo y solo aseguran el camino a la armonización completa del régimen provincial al nacional,  haciendo que la Provincia sea víctima del sistema nacional, por tanto toda reforma que afecte los derechos adquiridos de Jubilados y Pensionados, tales como el diferimiento  previstos en la Ley 10078 de los aumentos de los activos a los pasivos, DEBE SER DEROGADO.

La crisis del sistema previsional provincial no es nueva y no se soluciona con medidas peligrosamente irresponsables fruto de la improvisación y desconocimiento que coloca en grave riesgo la continuidad de la Caja, sino que requiere un estudio profundo de todos los sectores involucrados , que dé paso a la Normalización definitiva de la Caja.

En definitiva, nuestra lucha comprometida y continuada debe tener un solo objetivo:

Jubilaciones y Pensiones móviles (art.14 bis C.N.).

Afectación específica de los recursos (art.57 C.P).

Irreductibilidad y proporcionalidad  de las prestaciones (art. 57 C.P.)

Uniformidad y equidad del sistema (art.57 C.P.)

Secretaría de Previsión Social

El miércoles 13, todos a la movilización

El gobierno nacional en esta semana ha anunciado cambios en el impuesto a las ganancias aplicado a los salarios.  Esas modificaciones no contemplan nuestro reclamo, nosotros sostenemos en primer término que el salario no es ganancia y en segundo término, que la AFIP nos está aplicando ilegalmente el impuesto a las ganancias por cuanto las escalas no se actualizan desde 1999 y el mínimo no imponible no ha sido actualizado conforme a la real evolución salarial de los trabajadores.  Exigimos además un nuevo régimen impositivo  que sea más equitativo, que no exima del pago de ganancias a quienes ganan cifras fabulosas y que son quienes debieran aportar mayormente para el sostenimiento de los planes sociales de solidaridad.

Por eso compañeros junto a los lucifuercistas de todo el país, el miércoles 13 paramos y nos movilizamos hacia Casa de Gobierno para reclamar además por la derogación de la ley 10078.

La marcha será pacífica a solicitud de las organizaciones de jubilados.  Junto a nuestra Comisión Permanente de Jubilados y Pensionados, hacemos una convocatoria especial a todos nuestros jubilados y pensionados que tengan  posibilidad de marchar junto al grueso de nuestro Gremio, que ganará la calle nuevamente

Continúa la ilegalidad en materia del cálculo del impuesto a las ganancias

En los anuncios dados por el Ministro de Economía de la Nación y las resoluciones pertinentes en materia del impuesto a las ganancias, se habla de un esquema de una reducción en los pagos del Impuesto a las Ganancias, (en adelante LIG)

La medida no respeta la ley que hay que cumplir en materia tributaria, y a su vez, es grave e inconstitucional decir, que se beneficia a 7 de cada 10 asalariados, como si los 3 que estadísticamente quedan fuera de los beneficios que se dicen conceder, no merecieran que se les descuenten impuestos de manera legal y justa. No puede haber arbitrariedad y discriminación en la aplicación de la ley y menos en materia de impuestos.

Pero lo cierto es que, tampoco se beneficia, como correspondería, a los otros 7 asalariados, que se dice resultan beneficiados, ya que no se ha cambiado el mínimo no imponible, que se lo deja en $ 15.000.

El mínimo no imponible, a valores constantes, conforme a la ley, debe fijarse, a la fecha, muy por encima de los $ 30.000 y con todo lo que ello implica de no tener que pagar impuesto a las ganancias hasta esos montos. Ahora, hasta los $ 25.000, menos del mínimo no imponible que debe regir, sólo se reduce un poco la cantidad a pagar como tributo y no como correspondería, que no se deba abonar el impuesto, a tenor de esos ingresos.

Asimismo, no se actualiza la escala de montos, en base a los cuales se fija los de los porcentajes con los que se calcula el impuesto para los ingresos que superan el mínimo no imponible. La escala que no se adecua conforme a la ley, desde 1999, no obstante la inflación existente en estos últimos 15 años. Todo lo que también rompe el criterio de progresividad que debe tener el impuesto y resulta que, quien supere el mínimo no imponible, pasa a pagar casi, inmediatamente, el 35 % de impuesto, porcentaje éste, que es el máximo que se prevé en la norma y por ende, es igual al que deben pagar las máximas fortunas de Argentina. O sea, un trabajador o jubilado paga igual porcentaje, que quienes tienen ingresos multimillonarios. No es ni legal, ni justo.

Salarios y jubilaciones no son ganancias

A su vez, nuevamente, el Poder Ejecutivo Nacional, ignoró y dejó de cumplir el mandato dado por el art. 4º de la Ley 26.731, que manda a actualizar de manera anual y con criterios objetivos, los montos no imponibles del art. 23 y los que configuran los tramos de las escalas establecidas, en el art. 90 de la de la LIG, para “evitar neutralizar los beneficios derivados de la política económica y `salarial´ asumidas por el gobierno”.

Lo cierto es que nunca se usaron los criterios que manda la Constitución y las leyes y se han neutralizado los beneficios de la política salarial.

Aún más, los salarios no son ganancia y menos las jubilaciones, que son el producto de aportes efectuados por el trabajador jubilado. Esto último, es de particular importancia, ya que el Estado se queda con un dinero del trabajador, como aporte para la jubilación y de ninguna manera dicho aporte da ganancia, por el contrario, la realidad dice que el Estado no cumple con el pago de las jubilaciones debidas y a su vez, se aprovecha de la inflación para hacer pagar como renta, con más presión ilegal de impuesto, sobre lo que el Estado se ha tomado para sí, en gran medida, por la desvalorización de la moneda que maneja.

No enfrentar a los trabajadores

En definitiva, lo que se cobra por el Estado es una reducción ilegal del salario y de las jubilaciones, impidiendo que los trabajadores gocen plenamente de la retribución o jubilación que les corresponde, a la par que permite que las bases económicas del tributo, se mantengan, intencionalmente, a valores nominales o con meros incrementos insuficientes de acuerdo a la ley, para lograr, con ilegalidad manifiesta, una mayor recaudación, a costa del esfuerzo los trabajadores y los jubilados.

Resulta peor aún, cuando, desde un accionar indebido del Estado, se pretende enfrentar a los trabajadores con los trabajadores, tratando a los que ganan más del mínimo no imponible como unos privilegiados a los que hay que quitarles, de cualquier manera, lo que ganaron con el sudor de la frente, como si fuera un producto de ganancias usurarias o indebidas.

Además, hay que sumar, lo injusto que significa, que en la lucha legítima para que se cobre el impuesto a las ganancias, como corresponde, sin confiscar salarios o jubilaciones, se pretende hacer aparecer, a quienes defienden sus derechos, como los verdugos de los más débiles y los planes sociales. Inaceptable.

Miguel Julio Rodríguez Villafañe

Abogado constitucionalista, apoderado de ocho gremios, en el amparo

colectivo interpuesto, en contra del cálculo del impuesto a las ganancias

En defensa de la Cuota Sindical

Por Nahuel Placanica

Publicado por la Agencia Paco Urondo el 05 de Mayo de 2015 en su portal www.agenciapacourondo.com.ar

Los anuncios sobre ganancias realizados por el Ministro de Economía de la Nación se vieron teñidos por un discurso anti – sindical que contribuye a la estigmatización de las organizaciones gremiales, su militancia y cuadros dirigentes. ¿Cuál es la importancia de la cuota sindical para los trabajadores?

A pesar de las sucesivas desmentidas de funcionarios del gobierno nacional sobre eventuales cambios referidos al impuesto a las ganancias, el Ministro de Economía, Axel Kiciloff, anunció una reducción del tributo para los salarios menores a 25 mil pesos.

La presentación de la medida, que no representa una solución de fondo pero si un importante alivio para muchos dirigentes gremiales y sus bases de representación, se vio acompañada por un discurso anti-sindical que sólo contribuye a la estigmatización de las organizaciones gremiales, su militancia y cuadros dirigentes.

La relativización del reclamo de ganancias, ubicándolo como demanda específica de “la crema de la clase trabajadora”, no solo ha sido un latiguillo para ningunear un reclamo justo sino una forma de correr el eje de discusión sobre rentabilidades extraordinarias exentas de gravámenes similares.

La alocución del compañero Ministro de Economía retomó esta senda discursiva, agregándole una porción de relato anti-sindical latente en sendos cuadros de gestión y políticos que comparten el amplio espectro kirchnerista.

Sus declaraciones críticas sobre la cuota sindical golpean sobre unos de los puntales del movimiento sindical argentino: su autonomía financiera. Esta herramienta hace a la constitución de estructuras gremiales fuertes: en el marco de un modelo de relaciones laborales que favorece una positiva concentración de la representación, equilibra la correlación de fuerzas a favor de los trabajadores en la disputa capital – trabajo.

Esos recursos no hacen solo al sostenimiento de la estructura administrativa de los sindicatos. También, son destinados para múltiples prestaciones en materia de salud, esparcimiento, vivienda, formación sindical y profesional e incluso comunicación e investigación en experiencias más avanzadas.

Asimismo, los recursos administrados por las organizaciones resultan claves a la hora de sostener medidas de fuerza, fondos de huelga, garantizar presencia en acciones gremiales y costear los costos de acompañamiento logístico, económico y legal de los compañeros en conflicto, estén o no afiliados.

El exabrupto del compañero ministro no reparó en estas cuestiones y dejó un magro sabor sobre el anuncio de una medida positiva en el contexto actual. Estos “destratos” sólo tensan la relación con el campo sindical y nublan el panorama sobre quiénes son los verdaderos actores con quienes disputar, incluso a través del discurso, la distribución de la riqueza.