PETITORIO (APROBADO POR LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DEL 28/12/15 Y PRESENTADO EL MISMO DIA EN CASA DE GOBIERNO CON EL ACOMPAÑAMIENTO DE UNA MOVILIZACION DE TODO EL GREMIO)

AL SR. GOBERNADOR

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

JUAN SCHIARETTI

S                       /                              D

Los abajo firmantes, por la representación legal que invisten en el carácter de  Secretario General  y Secretario de Previsión Social del Sindicato de Luz y Fuerza  Córdoba, se dirigen respetuosamente a Ud. a los fines de manifestar, por la presente, que:

EXIGIMOS, la inmediata derogación de la Ley 10.333, atento a que esta ley significa un real menoscabo a las garantías constitucionales de los jubilados y pensionados del sector público y consecuentemente del trabajador activo.

Ello es así, en especial al modificar el art. 46 de la Ley 8024 referido a la Haber Jubilatorio, estableciendo que el mismo se determinara sobre el promedio actualizado de las últimas cuarenta y ocho (48) remuneraciones mensuales brutas y sujetas a aportes “deduciendo el aporte personal del once por ciento (11%)”, previsto en el sistema Integrado Previsional Argentino “ (S.I.P.A.)

Esta norma que “armoniza” perfectamente con el régimen previsional nacional es a todas luces inconstitucional violatoria de los arts. 14 bis y 16 de la C.N. y específicamente de los arts. 55 y 57 de la Constitución Provincial  por los cuales el Estado Provincial se constituye en garante de pago de jubilaciones, pensiones móviles, irreductibles y proporcionales en actividad, sin que pueda, ya, alegar la emergencia previsional que fundamentara el diferimiento de pago previsto en la ley 10078.

Asimismo, señalamos que, la reforma del ejecutivo omite la aplicación del art. 5 in fine  de la Ley 8024, el art. 2 in fine de la Ley 9075 y la Cláusula Segunda del Convenio de Armonización Previsional N° 83/02 y los principios de la justicia social, en especial el de la irreductibilidad de los haberes,  en violación al principio de progresividad en materia previsional (art. 29, Convención Americana de Derechos Humanos, en función del art. 75 incisos 22 y 23, C.N.) que descalifica todo accionar gubernamental que en la práctica resulte regresivo en goce efectivo de los derechos, conforme la doctrina de la Corte Suprema  en la causa “Sanchez María del Carmen c/ANSES s/reajustes varios “ (17/05/2005).

Entendemos, que los estándares de valores de la normativa impugnada no se compadecen con la “razonabilidad”, “la lógica” y “la proporcionalidad”, si recordamos Sr. Gobernador, que la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo en autos “Iglesias Antonio Martín y otros c/Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba (fallo 1.316 del 11.07.2007) , que específicamente declara la inconstitucionalidad del Decreto 1777/95,- norma  similar a la que la atacada-, establece : “….que las deducciones en el cálculo del haber del modo en que fueron establecidos …desnaturalizan la prestación  porque excluyen una porción de los salarios del trabajador con el único objeto de lograr que no se va reflejada en el monto del haber a que tiene legitimo derecho al entrar en pasividad, lo que constituye una discriminación incompatible con el principio de intangibilidad de la remuneración, con el carácter esencialmente sustitutivo del haber previsional y con los valores de la justicia social..”.

También, la Ley 10.333, cuya derogación exigimos,  desconoce arbitraria e infundadamente el concepto de remuneración definida en el art, 8 de la Ley 8024 y el Decreto N°1140 (Publicado en el B.O. el 31.07.2007) dictada por el mismo Poder Ejecutivo Provincial que reconoció la ilegitimidad de la reducción en el haber previsional y derogó el Decreto 1777/95, en su parte pertinente.

La Ley 10.333, implica un real ajuste al sistema previsional provincial que en nada aseguran  “ la sustentabilidad financiera del sistema previsional de la Provincia en los años que vendrán…”, como se afirma alegremente en los fundamentos de la ley atacada.

Sr. Gobernador, estamos convencidos que la experiencia vivida con la aplicación del Decreto 1777/95, fue suficiente y en nada soluciono el régimen previsional provincial, por el contrario comprometió gravemente  el mismo y el derecho a una vida digna en base a los aportes y contribuciones realizados durante toda su vida laboral, de todo el sector publico provincial.

Es por ello que exigimos la DEROGACIÓN de Ley 10.333, que no solo es violatoria del principio de irreductibilidad de las prestaciones (art. 57 C.P), lo que significa que el haber previsional no puede ser disminuido por acto de gobierno ya que existe un derecho adquirido, sino que desde el punto de vista práctico, el Ejecutivo no ha  demostrado que ésta sea una solución al problema, por el contrario al ser violatorio de garantías constitucionales dicha medida AGRAVA, la situación financiera de la Caja por ser generadoras de litigios cuyos fallos aumentaran el pasivo del Organismo y no el activo, basta ver la jurisprudencia al respecto.-

La crisis del sistema previsional provincial no es nueva y no se soluciona con medidas insensibles fruto de la improvisación y el desconocimiento que coloca en grave riesgo la continuidad de la Caja, sino que requiere un trabajo conjunto y un estudio profundo de todos los sectores involucrados que tire por tierra normativas, como la Ley 10.333, claramente inconstitucional.

Señor Gobernador, entendemos  que la lucha de la clase trabajadora, de los activos y de los pasivos, es una sola y persigue un común objetivo: la redención social del ser humano. En esa tarea estamos TODOS, sin diferencia de ningún tipo.

Es por ello, que constituye un mandato: la redención social de nuestros jubilados y pensionados a través de la unidad en la acción, permanente y comprometida  tendiente a la derogación inmediata de la Ley 10.333, con el solo objetivo de defender y mantener: Jubilaciones y Pensiones móviles (art.57 C.P.); Afectación específica de los recursos (art 57 C.P.) Irreductibilidad y proporcionalidad de los haberes (art. 57 C.P)                       Uniformidad y equidad del sistema (art.57 C.P.)

Sr. Gobernador,  por todo ello  EXIGIMOS:

a). La inmediata convocatoria de los Gremios representantes de todos los agentes del sector público a una reunión con Ud. , el Ministro de Finanzas y la Sra. Interventora de la Caja, a los fines de lograr una solución al conflicto planteado.

b). En definitiva, la DEROGACION de la Ley 10.333, por los fundamentos supra referidos.

ES JUSTICIA SOCIAL

FIRMADO POR NUESTRO SECRETARIO GENERAL GABRIEL SUAREZ Y NUESTRO SECRETARIO DE PREVISIÓN SOCIAL DANIEL TAPIA.  TAMBIÉN SUMÓ SU FIRMA  DOMINGO OVANDO DEL PERSONAL SUPERIOR DE LA PCIA.