ESCÁNDALO POR ESPIONAJE ILEGAL

Mauricio Macri: la lógica mafiosa en el estado Argentino 

 

“Fuimos a la Embajada de EEUU e Israel y les dijimos queremos que nos recomienden cuál es el Mejor policía,  y los dos sin hablar entre ellos,  dijeron el Señor Palacios y ahí arrancamos a proponerle al señor Palacios que liderase la construcción de una nueva policía”, palabras textuales de Mauricio Macri  en una entrevista en América TV, cuando en 2009 lanzaba la policía metropolitana de la mano del “Fino” Palacios, reconociendo (increíblemente)   que formó la metropolitana bajo supervisión de EEUU y el Mossad (agencia de inteligencia Israelí) y que lo designaba a sabiendas de su participación en el encubrimiento del atentado de la AMIA.

 

El “Fino” Palacios fue un agente de la Federal,  acusado de encubrir el atentado de la AMIA, causa por la que fue a juicio. Mauricio Macri lo conoció en Boca Juniors designándolo  Jefe de Seguridad, y  su nombramiento al frente de la Metropolitana se dio en medio del Juicio por el encubrimiento del atentado de la AMIA, y por recomendación de las embajadas de EEUU e Israel.  Palacios presentó la renuncia a la recién creada policía metropolitana poco después de ser designado, cuando estalló el escándalo por la primera causa de escuchas ilegales que involucró a Macri. En esa oportunidad, Sergio Burstein, y otros familiares de víctimas de la AMIA  denunciaron a Palacios y a Macri por pinchar ilegalmente su teléfono, y en la causa se destaparon otras escuchas, que conducían directamente a Macri, como es el caso de su cuñado, esposo de su hermana Sandra Macri.

Todo esto mientras Macri fortalecía su carrera política, posicionándose como el referente de la oposición al gobierno Peronista de Cristina. Al llegar el 2015, Mauricio, que es Macri, como siempre recordaba y advertía Néstor Kirchner, encaró la campaña por la presidencia de la Nación estando procesado por las escuchas ilegales desde la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Poco después del triunfo de Cambiemos, la Justicia lo sobreseyó. Increíblemente, en tanto nos preguntamos ¿quién habría ordenado las escuchas al cuñado de Macri, si no era el propio Macri?

 

El law Fare

Desde iniciado el ciclo de Cambiemos, comenzó a verse en la Argentina el despliegue de un plan sistemático y orquestado de persecución a todo un abanico de dirigentes políticos, referentes sociales, de la Iglesia, dirigentes sindicales y empresarios que no cumplían con sus deseos, como es el caso de Fabián de Souza, del grupo empresario dueño de la señal C5N.

El Law Fare funcionó  a escala regional, y fue el dispositivo por excelencia diseñado para operar a nivel regional  la persecución  de los líderes populares y, fundamentalmente para tender sobre los proyectos nacional-populares, un manto de duda y descrédito generando en un sector de la opinión pública la falsa caracterización de que se trata de gobiernos corruptos, decadentes y “fascistas”  que nos dejaron en “crisis”.  Crisis esta, falso fundamento para operar un saqueo sin precedentes.

El mismo dispositivo y con la mismas tácticas, fue puesto en funcionamiento para perseguir y encarcelar a Lula DA Silva en Brasil, y al Vicepresidente de Ecuador Jorge Glass, leal a Rafael Correa, también víctima de una feroz persecución.

El Lawfare entonces es un dispositivo  diseñado por el poder trasnacional para sus fines de dominación sobre el desarrollo soberano de nuestros pueblos y utilizado como herramienta persecutoria de  aplicación regional.  Se trata de un plan de acción conjunta, planificada y articulada a través de cuatro patas: un sector del poder judicial, los medios  de prensa hegemónicos,  los representantes políticos  locales del poder concentrado  ejerciendo el poder ejecutivo (que en la Argentina formaron la famosa mesa judicial para decidir desde el ejecutivo a quien perseguir y armarle causas) , a lo que hay que sumar el rol que jugaron los servicios de inteligencia locales, guiados por las agencias internacionales de inteligencia.

 

La pata de los servicios de inteligencia

El escándalo destapado en los últimos días a partir de la investigación por espionaje ilegal en el Juzgado de Morón, a cargo del federal Villena, empieza a develar el funcionamiento de la pata de los servicios de inteligencia en la persecución operada durante la presidencia de Mauricio Macri, que incluyó seguimientos ilegales a los involucrados y sus familiares, escuchas telefónicas, pinchaduras de correos electrónicos, todo un entramado de espionaje ilegal, es decir no pedido por ningún Juez, que alcanzó a los penales donde estaban detenidos funcionarios y empresarios víctimas del Law Fare, familiares del Presidente (esta vez  la víctima fue su otra hermana) e incluso funcionarios de Cambiemos (Rodríguez Larreta y Diego Santilli, entre otros) y trabajo conjunto con operadores políticos,  judiciales y con periodistas, a los que mandaban la información “recabada” para presionar mediáticamente a sus víctimas (este es el caso de los agentes de la AFI participando de la producción del programa de Luis Majul, que si no termina preso, se salva por un pelo).  Para esto además se designaron fondos reservados por 90 millones para sus tareas, algo que junto a la intervención a la AFI fue desmontado por Alberto Fernández apenas asumió. Este era  dinero de todos los argentinos, utilizado para espiar y amedrentar sin que pudiera haber un control público.

La investigación sobre el funcionamiento de la AFI durante el período 2015-2019, bajo el mando de Gustavo Arribas, llevado adelante por la interventora Caamaño, ya ha derivado en el inicio de tres causas, que involucran no sólo a Arribas, otros funcionarios y agentes de la AFI, sino a funcionarios del ejecutivo que eran los nexos entre  el entramado de espionaje y la Casa Rosada, es decir el Presidente Mauricio Macri, ¿quién otro si no?. Estos son los casos de Susana Martinengo, con oficina en la Casa Rosada y del secretario privado de Macri, Darío Nieto, quien cuando fue allanado, desesperadamente pedía que no le llevaran el celular. Hoy tanto Martinengo como Nieto y 20 funcionarios y agentes de la AFI permanecen  detenidos y ya se les está tomando declaración indagatoria.

Pero veamos antes quien es  Gustavo Arribas. Designado en 2015 a cargo de la Agencia Federal de Inteligencia, sin ninguna experiencia previa en la materia y sin haber ocupado nunca un cargo público, fue el funcionario que se hizo cargo nada menos que de la inteligencia de nuestro país y que llevó al Estado Nacional las prácticas de inteligencia y apriete mafioso, características por las que es sospechado Mauricio Macri.    La relación entre ambos, comienza, otra vez, en Boca  Juniors donde en 1995, Mauricio Macri convocó al “Negro” para hacerse cargo de los contratos de las transferencias de los jugadores, transferencias estas que no tardaron en verse envueltas en distintas sospechas por cobro irregular de comisiones en las ventas y defraudación en los pases.

 

Las causas del escándalo

Tres jueces federales investigan maniobras de espionaje ilegal en distintas formas ocurridas durante el gobierno de Cambiemos y que tuvieron como víctimas a dirigentes políticos de todos los sectores, referentes religiosos, sociales y sindicales y periodistas con el denominador común de que en todos los casos se sospecha del papel que jugó la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

Dos están radicadas en  tribunales federales de Comodoro Py, a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi,  donde se investigan más de 80 intercepciones de correos electrónicos a partir de un disco rígido encontrado en la sede principal de la central de espías y la presunta intervención de la AFI en la confección de fichas ideológicas de unos 500 periodistas y académicos que se acreditaron para participar de cumbres del G20 y la Organización Mundial del Comercio  realizadas en Argentina durante la presidencia de Mauricio Macri.

La  tercera es la causa de  Lomas de Zamora,  a cargo de Federico Villena, que es la más avanzada y la que ha derivado en las detenciones de los últimos días.  En el caso que se investiga en Lomas de Zamora se analizan maniobras de seguimiento cuerpo a cuerpo a dirigentes de la más alta jerarquía como la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, su hijo Máximo, el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y su vice, Diego Santilli, causa en la que también fue citado en calidad de víctima Pablo Moyano, sobre quien pesó una persecución judicial feroz, que incluyó el ataque por parte del gobierno de Cambiemos al juez  Carzoglio que se negó a detenerlo, razón verdadera por la que fue apartado de su cargo, recibiendo además amenazas de muerte.

No hay mayor ataque a la democracia que el enquistamiento de prácticas como éstas en los poderes del Estado.  Cada vez queda más claro que durante el Gobierno de Macri, se montó un aparato con todas las características de un estado mafioso, que debe ser investigado  a fondo y condenado con toda la fuerza de la ley.


También espiaban  a dirigentes sindicales combativos