PLAN CÓNDOR S. XXI

La administración Macri apoyó con armamento el golpe militar en Bolivia

El pasado 8 de julio una sorpresiva conferencia de prensa del canciller boliviano Rogelio Mayta, desató un escándalo que día a día toma mayor dimensión. En su anuncio, el canciller denunciaba que tenían en su poder documentos que comprometían seriamente al ex presidente argentino Mauricio Macri y a su administración, por complicidad  y colaboración  en la ejecución del golpe de Estado contra Evo Morales en 2019, a través del envío de material bélico y represivo a las fuerzas golpistas, como apoyo para la desarticulación y represión de la resistencia popular frente al golpe.

Un carta enviada por el ex general golpista Terceros Lara, hoy detenido, donde el militar le agradece al entonces embajador argentino en La Paz, Normando Álvarez García, por el envío de municiones y material represivo, que detalla en la carta, fue la punta del hilo que develó la colaboración del Estado argentino, bajo la administración Macri, con el régimen de facto de Jeanine Añez.

La complicidad frente al golpe, la persecución y la represión

Los días posteriores al 10 de noviembre, cuando el presidente Evo Morales es forzado a renunciar bajo presión de las Fuerzas Armadas y de Seguridad que le negaron respaldo para sostener el orden constitucional, fueron de instauración violenta y represiva del nuevo gobierno de facto, días en los que se sucedieron las masacres de Sacaba y Senkata, que dejaron un saldo de 27 muertos y cientos de heridos. La carta de “agradecimiento” por el material bélico enviado, data precisamente de estos días previos a las masacres citadas. Días después del golpe, el ex presidente Macri  reconocía al gobierno de facto, mientras negaba a Evo Morales el asilo e incluso que el avión que lo sacó de Bolivia, sobrevolara suelo Argentino. Debió intervenir el presidente mexicano, López Obrador, y posteriormente el recién presidente electo Alberto Fernández para salvarle la vida a Evo Morales, quien denunció en una entrevista dada a C5N,  que debió esconderse en zonas rurales de su tierra natal, porque lo buscaban para asesinarlo, y que su equipo de seguridad recibió ofertas monetarias para entregarlo.

Para Morales su derrocamiento formó parte de un plan Cóndor en el siglo XXI, y dio otro detalle: el jefe militar que luego le agradece a la Embajada Argentina el material bélico, se reunió días antes con él cuando aún estaba en el gobierno y le manifestó que no podía garantizar el orden constitucional y que para eso necesitaba una compra de armamento represivo, a lo cual Evo Morales se negó, diciendo que no iba a comprar armas para que sean usadas contra su pueblo, ese armamento, o al menos parte de él, que el golpismo necesitaba para afianzarse frente a la resistencia popular, lo proporcionó Argentina. A la luz de los hechos destapados el pasado 8 de julio, se comprende la actitud inexplicable de Macri de negarle asilo a un presidente echado de su gobierno en peligro de muerte porque, en efecto, ahora sabemos que colaboró abiertamente a su derrocamiento, con aporte material en armamento que, sabían, se utilizaría contra el hermano pueblo boliviano.

Denuncias y más pruebas del colaboracionismo macrista

Es un hecho gravísimo del cual no sabemos aún todas sus aristas, en estos pocos días, del hilo del que tiraron a partir de la carta de agradecimiento, salieron numerosas pruebas cada vez más comprometedoras, ante lo cual cada declaración de los ex funcionarios macristas intentando negar los hechos, no hacen más que oscurecer el panorama, quedando permanentemente desmentidos por los hechos que se van comprobando. La colaboración a una dictadura es una grave violación al derecho internacional, el envío de armamento es un atentado contra la paz regional, si llegase a comprobarse que alguno de estos elementos fueron utilizados en hechos represivos que causaron daño a ciudadanos bolivianos, implica una violación a los derechos humanos y coloca a las ex autoridades argentinas implicadas a enfrentar cargos por delitos de lesa humanidad, los peores delitos posibles, imprescriptibles y de alcance internacional en materia de Justicia. Esto es que no sólo Argentina puede condenarlos, sino también Bolivia. Hasta donde llegarán sus implicancias, el tiempo lo dirá, por lo pronto ya hay una denuncia formal presentada por el Estado argentino, impulsada por el propio presidente Alberto Fernández, quien pidió disculpas públicas al gobierno y pueblo boliviano, al tiempo que se comprometió a aportar todo lo que esté a su alcance para esclarecer los hechos y llegar a la verdad.

En la denuncia presentada el pasado 12 de julio, con las firmas de los ministros de Seguridad y de Justicia y Derechos Humanos, se solicita a la Justicia se investigue si la administración macrista incurrió en los delitos de “contrabando agravado por la cantidad de personas involucradas, por la calidad de funcionarios públicos, por la participación de un funcionario del servicio aduanero, por tratarse de armas y municiones de guerra (arts. 863, 865 inc. a y b y 867 del Código Aduanero), en concurso con los delitos de malversación de caudales públicos (art. 260 C.P.), abuso de autoridad (art. 248 C.P.) y los delitos que comprometen la paz y la dignidad de la Nación previstos en los artículos 219 y 220 del Código Penal de la Nación”.

En la denuncia se afirma que el objetivo de estos actos fue “poner ese material represivo a disposición de la dictadura que recién había tomado el poder en el vecino país y se advierte por el envío irregular de armamento, prohibido por la legislación argentina, sin previa autorización del Senado, lo que no ocurrió en este caso. Además,  ahora sabemos que el material inicial declarado en la carta de agradecimiento, era sólo una parte. En efecto el pasado miércoles 14 de julio, se conoció otro hecho que suma más escándalo a la cuestión: la aparición de armamento represivo argentino en los depósitos de la Policía boliviana, que no figuraba en la lista de los envíos  “declarados”, esto supone un agravante muy serio porque implica contrabando de armas, envíos directamente no reconocidos en ningún lado, “fuera del radar”, sin rastros institucionales. Recordemos que por contrabando de armas a Ecuador y Croacia, Carlos Menem fue condenado a prisión.

“El Código Penal argentino les queda chico a Mauricio Macri y compañía”, sintetizó el ministro de Justicia y DDHH Martín Soria, dando cuenta de las serias consecuencias que podría tener una investigación que recién comienza y ya ha dado pruebas bastante certeras de la colaboración macrista con la dictadura boliviana.

 

Nuestro Secretario General participa junto a organizaciones sociales, gremiales y la colectividad boliviana del acto en repudio al golpe de Estado en Bolivia, en noviembre de 2019

 

 

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